Disparen a la democracia

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Introducción: ¿por qué los alzamientos militares de 1992?

…”es necesario no errar en las 

preguntas: ¿por qué ha pasado esto?; 

¿qué podemos hacer?; ¿qué es 

necesario hacer?; ¿cómo debemos 

hacerlo?”…




Josep M. Rovira Belloso




El 4 de febrero de 1992, una facción de la fuerza armada venezolana encabezada, fundamentalmente, por los tenientes coroneles del ejército Hugo Chávez Frías, Francisco Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta Hernández y Joel Acosta Chirinos, intentó, sin éxito alguno en el Teatro de Operaciones, derrocar al gobierno constitucionalmente constituido para el momento, presidido por Carlos Andrés Pérez. Apenas transcurridos 10 meses de esa militarada, aún sin apagarse la batahola desplegada en los medios de comunicación de masas y en medio de la consecuente crisis política en la que a partir de ese instante se vio envuelto el país, el 27 de noviembre del mismo año, una nueva insurrección militar sacudió la conciencia nacional; esta vez comandada, entre otros, por el contralmirante Hernán Grüber Odremán y el general de brigada de la aviación Francisco Visconti. Este segundo intento armado por deponer al gobierno democrático liberal representativo legal y legítimamente conformado de la época, resultó también un aparatoso fracaso operativo. La máxima expresión de la estrepitosa derrota sufrida por los nuevos insurrectos quedó graficada con la huida al Perú, a la fecha con Alberto Fujimori como cabeza de gobierno, del general Visconti y otros militares involucrados, en un avión hurtado a la fuerza aérea venezolana.

El vencimiento militar de los alzados en ambas oportunidades no significó, ni por asomo, la derrota política del movimiento pretoriano en ellos encarnado. Para los en ese momento sublevados, se abrió un singular periplo signado por el exilio para algunos, la cárcel para los más y el escondite para los menos, al final del cual los diversos procesos judiciales cursados por ante los tribunales de la república a los participantes convictos y confesos de los actos de los actos de rebelión militar concluyeron, en buena parte, en el sobreseimiento de las causas gracias a la decisión tomada en este sentido por el presidente Rafael Caldera, quien sucedió en la primera magistratura a Pérez al ganar las elecciones escenificadas en diciembre de 1993. Algunos de los procesados reingresaron al servicio activo en la fuerza armada, otros se retiraron a actividades estrictamente privadas y el resto se propuso la conformación de un vasto movimiento político, al final de cuentas agrupado en la organización bautizada por sus organizadores con el apelativo Movimiento Quinta República (MVR).

Así las cosas, de una primera fase caracterizada por la proclama por parte de la mayoría de los alzados de radicales posturas abstencionistas, extendida aproximadamente entre 1994 y 1997, los otrora golpistas desarrollaron la emergente táctica electoral en aras de coronar con éxito el objetivo estratégico de conquistar el poder político nacional que no pudieron alcanzar con el soporte de las armas, como una vez pensaron y para lo cual conspiraron por años. La nueva orientación de combate resultó exitosa por lo demás: en las elecciones presidenciales escenificadas en diciembre de 1998, el candidato del MVR, Hugo Chávez, obtuvo la preferencia mayoritaria de los votantes. Previamente, en las elecciones organizadas el mes anterior para elegir a los integrantes del Congreso Nacional -así llamado para aquel entonces- y a los gobernadores de estado, el MVR demostró su músculo electoral al erigirse en la primera minoría legislativa y ganar una porción ciertamente significativa de las gobernaciones en disputa. Retruécanos de la historia, los responsables seis años atrás de preclara felonía contra el sistema democrático liberal representativo, se valieron de los mecanismos consagrados en el funcionamiento de éste para hacerse del poder político.

En febrero de 1999, Hugo Chávez asumió por primera vez la presidencia de la república. Mediante una “relegitimación de mandato” y dos reelecciones se mantuvo al frente de la primera magistratura hasta el momento de su muerte ocurrida en marzo de 2013. En aquella primigenia ocasión, pronunció un juramento bastante singular, donde, sin ambages de ningún tipo, anunció la intención anidada en su mente y espíritu y en la mente y espíritu de quienes desde siempre le acompañaron en su afán insurgente, de desmontar el modelo de acumulación y desarrollo y el sistema político de representación liberal vigentes en Venezuela luego de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958. Y digo intención acunada por los insurrectos claramente identificados como tales, pues, con cierta propiedad, a partir del análisis de discursos y ejecutorias pasadas, bien puede inferirse que los no golpistas de aquel momento, adheridos posteriormente a la causa de los rebeldes, en la mayoría de los casos, se limitaron a demostrar la suficiente astucia para montarse en la cresta de la ola y disfrutar de la popularidad de los alzados. En consecuencia, con el arribo al poder político de la facción militar agrupada en el MVR, se inició en la historia contemporánea venezolana un período de singulares transformaciones políticas, sociales y económicas, uno de cuyos elementos resaltantes es la participación política de personeros provenientes del ámbito castrense, lo cual, de una u otra manera, devino factor decisivo en el derrotero nacional seguido a partir de esa fecha.

En lo poco más de las dos décadas contadas desde los fracasados golpes de Estado de 1992 hasta el presente (escribo esto a mediados de 2015), desde la Academia nacional y foránea, se han esgrimido diversas hipótesis e interpretaciones para intentar la exégesis de las razones doctrinales conducentes a la violenta irrupción protagonizada por la facción de la fuerza armada sublevada en aquellas fechas. En tal sentido, la producción de material historiográfico es ciertamente significativa y altamente ilustrativa. En buena parte de dichos materiales, se entienden y asumen las rebeliones mencionadas como consecuencia de la situación general experimentada por el país a partir de la octava década del siglo pasado, endilgándole a los alzamientos el carácter de reacción frente a la crisis política, económica, social e incluso moral que atravesaba la nación en aquellos días. En otras palabras, para esta corriente de opinión el principal estimulo de los alzamientos provino del ámbito ubicado fuera de los cuarteles y demás unidades militares.

La anterior postura historiográfica puede ser fielmente sintetizada y retratada en la evaluación de los sucesos desatados en la madrugada del 4 de febrero de 1992 adelantada por Arturo Uslar Pietri, personaje en este sentido seleccionado por su innegable peso intelectual y político en Venezuela contemporánea y por haber formado parte, como integrante más destacado, del llamado Grupo de los Notables, conjunción de críticos acérrimos de las ejecutorias del gobierno constitucional contra el cual atentaron los militares sublevados aquel año:




La insurrección militar del 4 de febrero de 1992 no debe ser vista aisladamente, como un caso más de intentona golpista por parte de militares ambiciosos, sino que hay que considerarla, si se quiere entender su verdadera significación y comprender mejor la situación real del país, en el contexto del cuadro general de la vida venezolana y de la forma como en los últimos años se ha venido conduciendo el gobierno (…) Sería un craso error pensar que la tentativa de los jóvenes oficiales se ha producido en el vacío y, menos aún, que en alguna forma corresponde a una inclinación generalizada a favor de un gobierno autoritario (…) Fue en ese ambiente de frustración y de angustia, que se planteaba de la manera más elocuente ante la indiferencia del gobierno, que ocurrió el alzamiento militar del 4 de febrero de 1992. Era, sin duda, un gesto de desesperación el que movió a un grupo numeroso de oficiales de las Fuerzas Armadas a sentirse obligados a actuar para llenar, en alguna forma, aquella ausencia de respuesta ante el clamor nacional. 1




La otra vertiente de interpretación historiográfica plantea que las insurrecciones militares señaladas respondieron, en lo primordial, al decidido intento de los oficiales sublevados de materializar en la práctica la visión reinante en el seno de dicho grupo sobre el papel a cumplir por la institución legalmente capacitada para proveer la defensa militar de la nación en el marco de un país en vías de desarrollo. Es decir, esta manera de entender los hechos desencadenados en febrero y noviembre de 1992 pone el énfasis en cierta conceptuación del papel social de los militares incubada a lo interno de la organización armada venezolana a partir de la década de los setenta, caracterización que impulsó un proceder levantisco que devino, en lo particular, expresión más del pretorianismo populista y radical actuante en América Latina desde mediados del siglo XX, y, en lo general, del pretorianismo que nunca dejó de estar latente en las filas castrenses nacionales una vez concretada con éxito la estructuración de la fuerza armada como órgano burocrático del Estado, proceso culminado con éxito en los albores de la centuria anterior. Más puntualmente, esta corriente de pensamiento sostiene que las motivaciones de ambos golpes de Estado fallidos han de rastrearse principalmente intramuros las unidades militares.

Ambas posturas están argumentadas con suficiente tino y solidez, razón por la cual adquieren pertinencia, se validan en el análisis y, aunque parezca contradictorio, no se excluyen mutuamente; por el contrario, se complementan. Empero, creo firmemente que una de ellas se acerca más a la real comprensión de los hechos estudiados, concretamente aquella cuyo pivote es la creencia de que las más profundas e importantes causales de los alzamientos protagonizados en febrero y noviembre de 1992 se encuentran al interior de la fuerza armada, concretamente en el tipo de formación recibida en las escuelas militares por los insurrectos de la época y en ciertas convicciones ideológicas (utilizo el término en dos de sus acepciones marxistas: falsa conciencia de la realidad y tergiversación del hecho histórico) reinantes en el imaginario colectivo presente en la mentalidad de buena parte de la oficialidad venezolana a lo largo de las décadas que corren a partir de los años setenta del siglo pasado, aunque dichas convicciones bien pueden rastrearse en tiempo anterior.

Con base en lo dicho, sostengo que, amén de la ubicación de las intentonas militares mencionadas en medio de las coordenadas trazadas por el insoslayable contexto determinado por la situación nacional e incluso internacional presentes en la época, es perentorio reconocer en ellas la manifestación operativa de determinada visión mantenida por los integrantes de la facción insurrecta acerca del papel político a cumplir por la fuerza armada en el marco de un país en vías de desarrollo. En consecuencia, esta visión devino en el principal acicate de irrupción política del grupo sublevado, en tanto y cuanto propendió a la expansión del estamento castrense en el aparato estatal y gubernamental. En este sentido, en las páginas por venir propongo que tres ejes ideológicos, doctrinales y programáticos transversales, animaron en primacía la organización de las conspiraciones que condujeron a la ejecución de los fallidos golpes de Estado propinados contra la democracia venezolana el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992; ejes que en su contenido conceptual sintetizaron la visión, interpretación, análisis y valoración de la sociedad venezolana presente en la mentalidad de los militares insurrectos en aquellas oportunidades. En concreto, estos ejes son: fuerza armada-seguridad interna-desarrollo nacional; fuerza armada-élite gobernante; y, fuerza armada-pueblo-historia.

La acción combinada de dichos ejes condujo a los insurrectos de 1992 a recrear una valoración extremadamente positiva e intencionalmente distorsionada de la institución castrense, al considerarla organización de vanguardia en el proceso de liderar los cambios estructurales que en su diagnóstico del país demandaba la sociedad venezolana de aquel entonces. Así las cosas, la dicha condición de vanguardia de la institución armada vino a estar dada por la conjunción de tres elementos claves. En primer lugar, la creencia de que la fuerza armada es el organismo encargado de la seguridad nacional y como tal debe encargarse, en plan de órgano diseñador y ejecutor de políticas públicas, de la conducción del país para encaminarlo hacia grados más elevados de desarrollo relativo. Deliberadamente, tal relación obvia la diferencia clave existente entre la sensación de seguridad y el mecanismo defensa que, en todo caso, es tan sólo uno más de todos cuantos coadyuvan en la obtención de aquélla. En segunda instancia, el juicio peyorativo proferido por la facción militar insurgente con respecto a la actuación de la élite civil en ejercicio del poder político para el momento. Por último, la supuesta conciencia social de los integrantes de la fuerza armada y el legado histórico reclamado en exclusiva por ellos en función del papel fundacional desempeñado por el ejército patriota en la conducción de la guerra de independencia desarrollada a principios del siglo XIX.

En síntesis, el planteo central del presente escrito apunta en la dirección de considerar que las concepciones ideológicas manejadas por el sector militar alzado en armas en 1992 acerca del papel político desempeñado en el contexto social por la institución que los acogió como medio de vida, terminaron por identificar a la fuerza armada como un actor más en el entramado político, razón por la cual debía competir con los restantes actores involucrados en la pugna por controlar el aparato gubernamental y estatal, en la aspiración de, al hacerse de dicho control, implantar en Venezuela un determinado modelo de acumulación y desarrollo y un sistema político previamente ideados por los militarse insurrectos.

En otras palabras, la interrogante central que sirvió de hilo conductor para la realización de la presente investigación histórica estribó en la necesidad de desentrañar desde el punto de vista de los insurrectos actuantes en 1992 (con la profundidad permitida por la base documental disponible) el intrínseco porqué, las verdaderas razones de ser que animaron la ocurrencia de los alzamientos castrenses en cuestión que, tonto es negarlo, cambiaron de plano el decurso histórico del país; razón por la cual, desde entonces, la historiografía nacional no pudo ser indiferente a su estudio. En consecuencia, lo pretendido fue, en primera instancia, develar el corpus teórico justificativo de las asonadas, manejado por sus planificadores, organizadores, directores y ejecutores; vale decir, las razones ideológicas de fondo impulsoras de tan violento proceder. En segundo término, se trató de adelantar la exégesis del proceso a través del cual, ante los propios ojos de la dirigencia civil en ejercicio del poder político nacional, se incubó en la mentalidad, espíritu y ánimo de ciertos sectores de la fuerza armada el mencionado sustento ideológico.

La identificación de los tres ejes ideológicos, doctrinales y programáticos transversales señalados, la demostración fáctica de su conformación y existencia y la explicitud de su contenido argumental, resultó de la revisión crítica emprendida a partir de la aplicación del método histórico sobre documentos producidos y/o testimonios brindados por protagonistas directos de las militaradas escenificadas en febrero y noviembre de 1992. Los datos aportados por estas fuentes se complementaron, para constituir un legajo de información oportuna, pertinente y relevante, con datos brindados por otros actores directa o indirectamente relacionados con los sucesos estudiadosespecialmente aquellos pertenecientes a la fuerza armada que para el momento se encontraron en dos situaciones extremas: o tuvieron por mandato constitucional y deber institucional que enfrentar con las armas en la mano dichas intentonas o, aunque no participaron en ellas, por lo menos con base en lo que se conoce hasta el momento de presentar estas páginas, evidenciaron simpatía y/o comprensión hacia los móviles que las inspiraron y/o hacia su concreta materialización. Sin embargo, es perentorio advertir que el trabajo de pesquisa no puede ni por mucho considerase agotado y la historiografía nacional continúa esperando que muchos de los involucrados que han guardado inexplicable silencio por décadas aporten nueva documentación o narren su versión de los hechos desencadenados, para así incrementar el conocimiento e interpretación de lo ocurrido.

Es bueno aclarar a los fines de contextualizar adecuadamente el objeto de estudio abordado que las militaradas ocurridas en los albores de la novena década del siglo pasado, si bien evidenciaron su propia especificidad en lo referido a las bases ideológicas, doctrinales y programáticas que animaron su realización, se enmarcaron en una línea permanente de actuación de sectores pretorianos atrincherados con carácter estructural en el seno de la fuerza armada venezolana, más allá de la aparente convicción de apego al liderazgo civil en ejercicio de la gerencia política de la sociedad, voceada por la opinión pública nacional como una de las características de identificación del grueso de los integrantes de la institución castrense luego del derrocamiento de la dictadura militar encabezada por el general Marcos Pérez Jiménez. Tal aleccionador aprendizaje fue una de las aristas marginales pero sustanciales obtenidas con la realización del trabajo de investigación histórica que hizo posible la armazón del presente libro.

En modo alguno, con la presentación de estas páginas se pretendió poner punto final al estudio de los hechos seleccionados. Lo realmente anhelado con su redacción fue presentar de manera esquemática algunas ideas centrales que espero hayan de servir de estímulo para continuar la aún inacabada discusión académica sobre unos muy particulares sucesos de actuación militar en política que, es imposible negarlo, trastocaron radicalmente el curso de la historiavenezolana contemporánea, al punto de que su ocurrencia y desenlace sentaron parte de las bases incuestionables sobre las que en buena medida se montó el derrotero seguido por la sociedad venezolana en los estertores del siglo XX y el amanecer del siglo XXI. Redondeado en lenguaje coloquial: aquellas aguas trajeron estos lodos. Por ello, no puede menos que alertarse que queda pendiente mucha tela por cortar.

Martín Hopenhayn escribió: …”El momento feliz del conocimiento: descubrir que uno sabe mucho más de lo que creía saber. El momento humilde del conocimiento: descubrir que uno sabe mucho menos de lo que creía saber”. 2 Al presentar este ensayo a la espera del juicio del lector, asumo el riesgo en primer lugar implícito y me declaro plantado en el momento humilde del conocimiento. Lo bueno y lo malo del esfuerzo aquí realizado por tratar de agregar elementos de comprensión sobre hechos históricos que, como ya se dijo, en su propia contemporaneidad continúan demandando ingentes trabajos encaminados a develar lo todavía oscuro o insuficientemente tratado, queda atrapado en las páginas siguientes y sólo la visión crítica del evaluador podrá justificarlo y validarlo. Soy absolutamente responsable de las fallas detectadas. El acierto, en todo caso, quizás descanse en el intento desplegado por hilvanar ciertos y determinados elementos que aquí y allá estaban dispersos esperando algún intento de sistematización u organicidad.